Los empresarios de la Región de Murcia, conocidas hoy las nuevas medidas aprobadas por el Consejo de Ministros en el ámbito laboral, solo tienen una palabra para calificarlas: INDIGNANTES.
Estas medidas van a impedir poner las bases de la necesaria recuperación económica de España, provocarán más desempleo y, lo que es peor, parecen tomadas a espaldas de la realidad que viven miles de empresarios y trabajadores en España por culpa de la pandemia.
El Gobierno plantea que las medidas aprobadas hoy son temporales cuando lo que estamos viviendo ahora mismo no es una situación coyuntural, sino que tendrá consecuencias seguramente irreparables para la actividad empresarial.
Dos de esas medidas, la prohibición del despido y la suspensión de los contratos temporales son insultantes y ofensivas. No tiene sentido plantear que, una vez se normalice la situación, se volverá a activar la temporalidad cuando, en muchas casos, no habrá ya actividad y, por lo tanto, no habrá empleo que salvaguardar.
El planteamiento no solo no es realista, es un ataque directo a la figura del empresario, a quien poco menos que se le acusa de querer utilizar un contexto sobrevenido, una crisis sanitaria que está matando a miles de personas en España, para despedir a trabajadores.
Es una amenaza más que un aviso para que la empresa no extinga un contrato temporal cuando la naturaleza de esta relación contractual marca claramente un principio y un fin con independencia de las circunstancias sobrevenidas. Según se desprende de lo dicho por la ministra de Trabajo, el contrato temporal se deja en suspenso con los perjuicios que ello conlleva para la empresa. Es evidente que la señora ministra, y todo el Gobierno con el presidente a la cabeza, que es el avalista último de estas medidas, desconocen la realidad que está padeciendo la empresa.
Estas medidas suponen una restricción para las empresas, porque no es verdad que en todos los casos la situación sea temporal. Hay pedidos y trabajos que se van a perder necesariamente. No se trata de un mero paréntesis de la economía como pretenden hacer creer y además se obliga a las empresas a mantener empleos durante seis meses, cuando en muchos casos no va a ser posible.
Este no es el camino a seguir, ni mucho menos. Estas decisiones perjudicarán el equilibrio económico y la salud de las cuentas públicas y aumentarán considerablemente el déficit, además de reducir de forma drástica la confianza de los inversores, que son fundamentales para la estabilidad financiera y la recuperación económica de este país. Más aún cuando miles de empresas y autónomos están luchando para evitar el cierre en un contexto que ya se anuncia de recesión mundial.
El sector empresarial quiere, en una situación de crisis provocada por el COVID-19, sostener la economía y el empleo. No es adecuado plantear más parón de la actividad y no es de recibo que se vuelva a ignorar la mesa de diálogo social con la adopción de unas medidas que parecen dirigidas por las centrales sindicales, obviando a la parte empresarial.
Por otra parte, se hace necesario recordar que hasta la fecha el Gobierno no ha atendido las peticiones que en su momento le realizaron CEOE-CEPYME y CROEM, en el ámbito fundamentalmente fiscal. Por ejemplo, qué va a pasar el próximo 31 de marzo cuando los empresarios tengan que afrontar los pagos de las nóminas o de la Seguridad Social.
CROEM, como también lo hace sus confederaciones nacionales CEOE-CEPYME, rechaza que el Gobierno trate de arrojar sospechas y desconfianza sobre el empresariado cuando se requiere justamente un esfuerzo conjunto y una unidad sin fisuras. Esta confederación vuelve a pedir responsabilidad y, sobre todo, una forma de hacer política a la altura de las circunstancias porque habrá un antes y un después de esta crisis.
