El Informe presentado hoy por AMAT cifra en más de 821 millones de euros el coste del absentismo en 2024 en la Región de Murcia
La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) advirtió hoy del grave perjuicio que el absentismo laboral está generando en el tejido productivo regional. En una jornada técnica organizada por la patronal murciana, con la colaboración de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), presentaron los resultados de un informe sobre los Indicadores de Absentismo Laboral por ITCC en la Región de Murcia que cuantifica el impacto económico y organizativo de esta problemática.
Según el estudio elaborado por AMAT, en 2024 se registraron 244.458 procesos de Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (ITCC) en la Región de Murcia, lo que supone un aumento del 5,42% respecto al año anterior. Este volumen de bajas ha generado un coste total de 821 millones de euros, entre prestaciones económicas de la Seguridad Social y costes directos para las empresas. Esto representa un crecimiento del 103% en los últimos seis años (418 millones de euros más que en 2018).
Durante su intervención, el presidente de CROEM, Miguel López Abad, expresó la preocupación del empresariado regional “el absentismo se ha convertido en uno de los principales frenos para mantener la producción, la competitividad y el empleo. Urge adoptar medidas que faciliten la recuperación de los trabajadores y alivien la carga que este fenómeno supone para las empresas”. López Abad añadió que “en solo seis años, el coste del absentismo se ha más que duplicado en la Región de Murcia. Hemos pasado de 403 millones en 2018 a más de 821 millones de euros en 2024. Este crecimiento desproporcionado debe hacernos reflexionar sobre la eficacia del modelo actual. No podemos permitir que este problema estructural lastre la actividad de miles de empresas, muchas de ellas pymes que no cuentan con recursos suficientes para absorber este tipo de sobrecostes”.
El informe pone el foco en las bajas por patologías traumatológicas, que representaron más de 38.000 procesos en 2024, con una duración media de 88,75 días. Esta cifra contrasta con los 41,97 días de media en los casos gestionados por las mutuas en el ámbito de contingencias profesionales. La diferencia de 47 días genera un sobrecoste estimado de más de 120 millones de euros solo en la Región.
El presidente de AMAT, Juan Roca Guillamón, destacó el potencial de mejora si se diera mayor participación a las mutuas, “si se dotara a las mutuas de las competencias de gestión y los recursos necesarios, estos mismos trabajadores hubieran podido recibir asistencia sanitaria integral y el alta médica en los centros de las Mutuas, con lo que se habría conseguido más de 3.244 millones de euros de ahorro. De esa cantidad, 2.091 millones corresponden a gasto público de la Seguridad Social y 1.153 millones a costes directos asumidos por las empresas”.
Roca Guillamón insistió en que el modelo actual genera ineficiencias y duplicidades, y subrayó que el sistema podría ser más eficaz si se permitiera una intervención más activa por parte de las mutuas en los procesos de baja por contingencias comunes.
CROEM y AMAT abogaron por avanzar en los compromisos recogidos en la recomendación nº 9 del Pacto de Toledo, en el capítulo VII del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, y en el pacto alcanzado en la Mesa de Seguridad Social del pasado mes de julio. El objetivo: articular un nuevo modelo de gestión de las ITCC que permita reducir la duración de las bajas y su impacto económico.
La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, también participó en la jornada y subrayó la importancia del estudio presentado ya que “se trata de un informe clave para entender y abordar uno de los grandes retos de nuestro tejido empresarial como es el absentismo laboral. Una herramienta rigurosa que nos va a permitir dimensionar un fenómeno con consecuencias directas en la competitividad de nuestras empresas y en la sostenibilidad del sistema público. Este informe es una llamada a la responsabilidad y al diálogo para impulsar reformas realistas y centradas en el futuro”.
Asimismo, la consejera mostró su preocupación ante el contexto normativo nacional: “La tendencia es preocupante porque supone un coste económico muy elevado para las empresas y para las cuentas públicas. En este contexto, también queremos mostrar nuestra preocupación por la reducción de la jornada laboral que impulsa el Gobierno central, sin tener en cuenta la realidad de las pymes y los autónomos. Desde el Ejecutivo regional presentamos en su día alegaciones al anteproyecto de ley, porque creemos que este tipo de reformas deben basarse en el diálogo social, el consenso y el respeto al tejido productivo”.
La jornada concluyó con un llamamiento conjunto a reforzar la colaboración entre administraciones, empresas y mutuas para afrontar este desafío desde una perspectiva común.
